Hay contradicciones sociales que no alcanzo a comprender por mucha ley
que las ampare. El Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia a favor de los
colegios de enseñanza segregada y su derecho a recibir subvenciones públicas al
igual que cualquier otro centro de enseñanza concertada cuyo alumnado sea
mixto.
Parto del principio de que, desde mi punto de vista, si volcamos todos
los esfuerzos presupuestarios exclusivamente en la enseñanza pública esta
mejoraría sustancialmente y se reduciría sobremanera la diferencia de
resultados con el sector privado. Y no creo que esto cercenase el derecho de
los padres a elegir libremente el centro. Cada cual opta por lo que considera
mejor. Pero como otras cosas en la vida, se trataría de garantizar unos mínimos
dignos y competitivos para todos, sin que las opciones particulares detraigan
ni un euro del proyecto común y solidario.
No obstante, es una evidencia que hay centros privados concertados, pero
también lo es que en la mayoría de ellos no se separan a los alumnos de las
alumnas, sino todo lo contrario. Son integradores, enriquecedores para la
convivencia e impulsores de un sistema de igualdad y no discriminación que
todavía se resiste en nuestra sociedad.
Por eso no entiendo cómo esa sentencia puede casar con las políticas de
fomento de la igualdad que se realizan desde las administraciones, hasta el
punto de crearse hasta un ministerio para este fin.
Viví una experiencia similar en mis primeros años de juventud. Aunque en
el mismo centro, los chicos no compartíamos aulas con las chicas. El resultado
de este “apartheid” consentido y ahora subvencionado era que lo que pasaba en
las aulas se reproducía en la calle. Apenas convivíamos unos con otras. Afortunadamente
duró poco y se impuso la cordura.
No entiendo qué tipo de sociedad reflejan estos colegios ni qué valores
morales interiorizarán sus alumnos. Lo que se aprende y se vive en cualquier
centro de enseñanza debe servir como ejemplo de comportamiento en una sociedad
liberada de ciertos tics ultraconservadores y reaccionarios. Creo que es nocivo
para los propios alumnos y, por supuesto, para toda la sociedad porque aumenta
el sexismo y los estereotipos. Y esa no es la sociedad en la que viven, o al
menos en la que vivimos los demás.
Confío en que los recursos que se han anunciado ante el Tribunal
Constitucional restituyan el sentido común en nuestro sistema de enseñanza. Al
fin y al cabo, la Constitución consagra la no discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición”. Por el bien de los alumnos.
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