charcas legales

Se han aplazado los juegos de Tokio, pero sigue siendo un año olímpico en cuanto a batir records. Nada que ver con el deporte. El coronavirus sigue imparable, sin que sepamos donde están sus límites. Puede que sea el contagio de todos para que sobrevivan algunos. El cambio climático es una realidad que en pocos años nos dibujará un nuevo planeta con extinción de especies y aparición de otras nuevas mejor adaptadas a la nueva realidad. Y la libertad de expresión e información, ese intangible tan necesario para la vida en democracia, está en cuarentena esperando su traslado a una celda.

Pablo Hasél es un rapero de Lleida que después de su segunda condena, con la que acumula cuatro años, espera cada día a que un funcionario público le entregue la orden de ingreso en prisión. Su delito, haberse metido con una monarquía que ya se cuestionan hasta los más monárquicos. Lo más triste de todo es que lejos de ser un caso aislado forma parte de un grupo de artistas que han pasado por los tribunales y han sido condenados por unas letras que para la mayoría son creativas y para otros son apologéticas de no se sabe qué conspiración. En el estado español hay en estos momentos quince artistas condenados, un número que no se da en ninguna otra democracia.

Seguramente alguien pensará que esta es una visión muy subjetiva y por tanto obedece a una percepción de parte. Pues no. En el último informe del Instituto Universitario Europeo publicado a finales de julio y avalado por la Comisión Europea, se explicita claramente la “situación preocupante” que vive España en cuando a la libertad de expresión y de información y se solicitan modificaciones legislativas “urgentes” de varias normativas que consideran “vergonzosas y sombrías”.

En definitiva, no es una percepción de parte. Es todo un entramado legal a veces heredado y otras de reciente creación como el Decreto Digital de 2019 que hace posible bloquear contenido digital sin consentimiento. Es muy preocupante que un país que ensalza permanentemente sus valores democráticos y su vocación de ser ejemplo de libertad y pluralismo persistan estas charcas legales que algunos aprovechan para coartar y encarcelas la disidencia, el valor de la palabra y el derecho a la discrepancia.